Seguridad nacional bajo análisis: alcances y mejoras de las propuestas legislativas
- Especialistas advierten que las iniciativas requieren ajustes para incidir en las causas de la criminalidad.
En la sesión de junio del Comité de Asuntos Jurídicos & Legislativos de AmCham se analizaron seis proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo como respuesta al deterioro de la seguridad. El debate examinó su capacidad real para reducir la criminalidad, así como sus riesgos criminológicos, constitucionales y de aplicación práctica.
El análisis estuvo a cargo de Tania Molina, criminóloga e investigadora, y José Luis Campos, socio de Alta Legal. Molina evaluó los efectos de las propuestas sobre la prevención, la reincidencia y el crimen organizado, mientras Campos examinó su consistencia jurídica y su compatibilidad con la normativa vigente.
Seis proyectos frente a un fenómeno complejo
Costa Rica registra cerca de 300 estructuras criminales identificadas y aproximadamente 4.300 integrantes activos en distintos eslabones delictivos. Frente a este escenario, cinco de las seis iniciativas concentran su respuesta en las personas vinculadas con el delito, no obstante, el análisis realizado en la sesión advirtió que no atacan el capital que sostiene, expande y conecta a estas organizaciones.
Las propuestas sobre legítima defensa policial, asociaciones criminales y reincidencia presentan riesgos por definiciones amplias, presunciones favorables al uso de la fuerza y causales automáticas de prisión preventiva. Además, varias conductas que pretenden sancionar ya se encuentran reguladas, como la asociación ilícita y el uso de pistas clandestinas.
Reinserción y proporcionalidad bajo presión
El proyecto “Cero ocio en las cárceles” parte de una medida con respaldo criminológico: el trabajo y la formación pueden favorecer la reinserción. Sin embargo, como parte de la charla, se expuso que imponerlos al 100% de la población penitenciaria sin una adecuada perfilación, instructores certificados, convenios empresariales y capacidad operativa podría resultar inviable ante el hacinamiento actual.
La permanencia de antecedentes judiciales y su uso laboral durante 15 años también podrían dificultar el retorno al mercado formal. El riesgo es que una sanción continúe después de cumplida la condena y que personas sin opciones de empleo queden más expuestas al reclutamiento por economías ilícitas, con efectos contrarios al objetivo de reducir la reincidencia.
Seguir el dinero para afectar las estructuras
De acuerdo con la experta, uno de los principales vacíos del paquete es la limitada atención al capital ilícito. Según lo expuesto, Costa Rica solo persigue cerca del 1% del denominado capital sucio, mientras el 99% restante circula dentro del tejido económico. La respuesta requiere fiscalías especializadas, inteligencia financiera, trazabilidad patrimonial y reportes oportunos de operaciones sospechosas.
La sesión concluyó que la severidad normativa no sustituye la certeza de la sanción ni el fortalecimiento institucional. Para las organizaciones, el principal aprendizaje es reforzar sus sistemas de cumplimiento, controles financieros y capacidad para detectar movimientos atípicos, pues combatir el crimen organizado exige afectar su estructura económica, no solo aumentar penas o crear nuevas figuras legales.
Nota aclaratoria: Este contenido se genera a partir de las discusiones y presentaciones realizadas en el marco de los foros y comités de trabajo de AmCham. Las opiniones expresadas en estas sesiones pertenecen a los especialistas o participantes invitados y no representan necesariamente la posición oficial de la Cámara. AmCham publica esta información con el fin de ofrecer un espacio de diálogo y análisis, pero no asume responsabilidad por las declaraciones individuales de los expositores.
