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CRISIS FISCAL REQUIERE SOLUCIÓN NEGOCIADA RESPONSABLEMENTE; AMCHAM

San José, 09 de julio de 2018. El último texto sustitutivo del Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que se estudia en la Asamblea Legislativa presenta elementos nuevos, que requieren ser analizados con mucha seriedad; por lo tanto, es urgente conocer el impacto que pudieran tener en los diferentes sectores de la economía y en la población en general.

La Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham) considera que el procedimiento legislativo debería incluir espacio suficiente para una negociación política de esos elementos y que este proceso incluya datos concretos sobre su impacto en el mercado y en el clima de inversión.

AmCham entiende la urgencia de lograr una resolución de la crisis fiscal, sin embargo considera que este tratamiento urgente no debe ponernos en peligro de que se tomen decisiones que terminen siendo nocivas para la nación.

Elías Soley, presidente de AmCham considera que “los contenidos que se han integrado al proyecto deben ser objeto de un inmediato y profundo análisis.  Los diferentes sectores debemos abrir esos espacios de análisis y cumplir nuestro deber en este momento histórico en el que debemos encontrar una pronta solución al problema fiscal, pero sin desmejorar nuestra competitividad.”  Según Soley, la crisis fiscal ha impactado la economía,  que requiere urgentemente una reactivación. “ Lo que menos se quiere es aprobar soluciones que no sean solución , o que afecten la competitividad, perjudique la creación de empleos y que dispare una  recesión económica en  el país.  Es posible que algunos de los ajustes fiscales que se hacen con esta reforma no sean suficientes, por lo que deben acompañarse no solo de medidas relacionadas con control de gasto público y de empleo público, sino también impulsando decididamente una agenda de reactivación económica que permite crecimiento como país, y especialmente generando empleos nuevos.”

AmCham solicita a los señores diputados tener en cuenta que las medidas que se definan deben ser armonizadas con el resto del ordenamiento jurídico para garantizar su eficacia.