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El costo de la infraestructura no construida

Normalmente, cuando se consultan los costos de construir una determinada ampliación de carretera, como es el caso de la ruta Río Frío – Limón, la ruta San José – Caldera, el corredor San José – San Ramón, el corredor San José – Cartago, la carretera de circunvalación, la Interamericana Norte, entre otras, alarman los costos de las mimas y se pone en duda la capacidad financiera del Estado para hacerlas posibles. No obstante, aunque se sufre en carne propia la incomodidad que generan los atascos en el tránsito, nunca se denuncia lo que estamos pagando todos los costarricenses y la economía nacional por no tener estas obras y por los atrasos en su ejecución.

Aunque se conoce la falta de capacidad institucional y las limitaciones financieras del Estado para ejecutar las obras de infraestructura que requiere el país, lo cierto es que estas limitaciones financieras no se solucionan con dejar de invertir en infraestructura pública; prueba de ello es la situación actual tras pasar muchos años sin invertir lo que se debía en este tipo de obras. Por el contrario, la falta de infraestructura pública, y en especial la de transporte, ha sido y es una de las causas que provoca nuestra difícil situación económica.

Tal es el grado de confusión y desesperación que nos alegramos cuando nos dicen, después de muchos años de tener frenado un proyecto, que pronto se ejecutará pero que hay que tener paciencia y esperar uno, dos, tres y hasta más años, porque ahora sí las cosas se harán bien. Mientras tanto, ¿quién paga y quién es el “doliente” de no tener estas obras oportunamente? La respuesta es que la pagan todos los costarricenses y el doliente sigue sin aparecer.

Un ejemplo de lo anterior es la ruta 27, sobre la cual alegran los avances que ha habido en las conversaciones entre el concesionario y la administración concedente. Con estos avances se anuncia que el próximo año se espera tener los estudios técnicos y económicos del concesionario sobre la ampliación que necesita todo el corredor concesionado. Sin duda esto es bueno frente a lo que veníamos teniendo en el pasado. Pero en lugar de esperarnos para tener listos todos los estudios y los cambios en el contrato, que posiblemente haya que hacer para poder financiar las obras que se requieren, ¿no convendría solicitarle al concesionario los estudios de los tramos más congestionados y así obtener una solución que se pueda ejecutar en un menor plazo y donde más nos afecta desde el punto de vista de los costos económicos derivados del congestionamiento vial en esos tramos de la carretera? Este es el caso del intercambio con la carretera de circunvalación, el cruce a Escazú y el intercambio con Santa Ana. Si en estos sitios se da el 80% de la congestión vial de la Ruta 27 y esta congestión se produce en menos de un 20% del largo de la carretera concesionada y la solución en esa parte más congestionada de la carretera no costará más de un 20% de los costos totales de toda la ampliación de esta carretera, entonces, por qué no empezar por ahí cuanto antes, sin tener que esperar para que estén listos los estudios de todos los otros tramos que no son tan importantes desde el punto de vista de congestión vial, pero cuya solución tiene un alto costo financiero, lo cual a su vez evitaría incluso una larga negociación contractual con el concesionario. Pero lamentablemente esta no es la línea de pensamiento institucional, no obstante que el ministro Méndez Mata, que viene haciendo un buen trabajo, concuerde con esta visión.

Una situación como la antes apuntada obedece a que no estamos claros de lo que nos cuesta seguir en la situación de alto congestionamiento vial en la que estamos. Sin embargo, cuando incorporamos en esta fórmula de cálculo, cuánto le cuesta al país no hacer cada una de estas obras, cuánto le cuesta al país durar 10 años en ejecutar las obras, o cuánto le cuesta al país ejecutar las obras de una manera poco eficiente, o simplemente demorar 6 meses más en la ejecución -porque de por sí ya ha durado 10 años-, nos da un resultado traducido en costos que equivale alrededor de $4.000 o $5.000 (dólares de los Estados Unidos de América) por trabajador al año solo por el congestionamiento vial según el último informe del Estado de la Nación. Si esto lo multiplicamos por la cantidad de habitantes afectados con el congestionamiento vial, los números se vuelven más que alarmantes y explica en buena medida los problemas económicos y de competitividad que atraviesa nuestro país.

También, en el último informe del Estado de la Nación se indica que, para la población trabajadora, los costos económicos derivados del congestionamiento en la GAM representan alrededor de un 3,8% del PIB. Las externalidades negativas del transporte tienen un costo cercano a 3.146 millones de dólares de los Estados Unidos de América anuales. Sumémosles a estos números lo que deja de percibir el país en nuevas inversiones, nacionales y extranjeras, frenadas por el problema del congestionamiento del transporte, así como los efectos provocados por el desempleo o por la falta de generación de nuevos empleos; los resultados son aún más alarmantes.

Poder valorar objetivamente el costo de cada obra versus el costo de no tenerla, hace que encontremos mayor sentido al énfasis profundo que el gobierno le debe dar a los temas de movilidad urbana, infraestructura vial, y a la sectorización y modernización del transporte público.

Durante todo el año, el Comité de Infraestructura de Amcham se ha enfocado, entre otros temas, en lograr analizar y concientizar sobre esta situación. Los resultados de este esfuerzo aún son mínimos, pero no por ello debemos dejar de hacerlo. De ahí que el Comité de Infraestructura se haya establecido como meta para el año 2019 transmitir, concientizar y exigir a quien corresponda este mensaje. Solo conociendo los problemas económicos derivados por la falta de inversión en infraestructura pública y por la ineficiencia en su pronta ejecución, podremos sopesar el monto de la inversión de lo que debemos hacer con respecto a los costos que deberemos seguir pagando en caso de no hacerla y no hacerla oportunamente. Este ejercicio estamos seguros de que les permitirá a las autoridades justificar económicamente la inversión que el Estado debe hacer en infraestructura pública, aun en estos tiempos de crisis fiscal.

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